Jaime Hernández Gómez

A la fecha, no hay un organismo que garantice plenamente el derecho de réplica en México. Ni la Secretaría de Gobernación, los jueces civiles, el Instituto Federal Electoral (IFE) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son opciones para hacer efectivo el derecho de réplica que, con la reforma electoral de 2007, se elevó a rango constitucional sin que hasta la fecha se haya concretado en una ley que garantice su aplicación.

Esto viene al caso porque, después de dos años de haber reformado los legisladores el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la promesa de reglamentar el derecho de réplica a más tardar el 30 de abril de 2008, es hasta ahora que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se tiene listo un dictamen para presentarlo en el periodo ordinario de sesiones que corre del 2 de febrero al 30 de abril próximo.

El dictamen se nutre de seis iniciativas que buscan regular el derecho de réplica, y en la mayoría de los temas existe consenso, excepto el referente al mecanismo jurídico que garantice el ejercicio de la réplica, así como en el dilema de legislar para que ésta no sólo pueda ser ejercida por una persona física o moral, sino también por los grupos sociales.