El debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República que se realizó el pasado 6 de mayo, fue un ejercicio democrático que suscitó el interés de millones de personas y generó una deliberación pública necesaria para confrontar propuestas y perfiles. Esos son elementos esenciales para un voto razonado que tiene como base el derecho a la información de la sociedad, tal como se pudo constatar en la medición de audiencias así como el los múltiples espacios de opinión y análisis en los medios de comunicación.

 
   Toda la población debe de tener acceso gratuito y universal para sintonizar tales acontecimientos ciudadanos. Eso no sucedió en el primer debate, a causa de la negativa de las televisoras para que fuera transmitido en sus cadenas de mayor cobertura nacional. Televisa sólo puso a disposición la cadena del Canal 5. TV Azteca lo transmitió en el  Canal 40, que cubre únicamente el Valle de México y sólo después del alud de críticas que recibió el dueño de esa televisora por desafiar al Estado con la programación de un partido de futbol a la misma hora. Los medios no comerciales, tanto en televisión como en radio, junto con la colaboración de los medios privados que sí participaron de esa transmisión, atenuaron los efectos de esa campaña contra el debate.